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Carlos Fernández: "Yo voy a ser garante de que la Fegamp no actúe nunca con criterios electoralistas"

por Pablo G. Quintas - 20/04/2008
Carlos Fernández, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias.

Asegura que su único objetivo es "la defensa del municipalismo", pero está claro que las opiniones del presidente de la Fegamp son desde hace semanas el picante de la ensalada política gallega. Carlos Antonio Fernández Castro, alcalde socialista de Ames, considera que faltó diálogo con los ayuntamientos en la elaboración de las Normas do Hábitat Galego, que entraron el pasado jueves en vigor, y espera que exista un consenso mayor en la implantación de la red de galescolas.

 

Titulado en Relaciones Laborales, profesor industrial y máster en Dirección y Organización de Empresas, Fernández arrebató el bastón de mando de Ames a uno de los alcaldes más veteranos de España, José Astray, antes de llegar a la presidencia de la Federación Galega de Municipios e Provincias. Fue también diputado provincial y ocupó cargos destacados en el sindicato UGT.

 

 

-PREGUNTA: Una vez que las Normas do Hábitat Galego entraron en vigor tras el último Consello de la Xunta, ¿qué valoración hace?

 

-RESPUESTA: Creo que hubo falta de diálogo con respecto al posicionamiento que adoptó la Fegamp y no fue posible llegar a un acuerdo antes de la entrada en vigor del decreto. Esto no quiere decir que los que estamos en contra de algunos aspectos de la norma seamos unos retrógrados, como dijeron algunos, o que nos opongamos a una mejora de la calidad de las viviendas. Nosotros apoyamos las mejoras en la vida de los ciudadanos, sólo pensamos que hay aspectos negativos, que chocan con el planeamiento que tanto esfuerzo le cuesta sacar adelante a los municipios.

 

 

-P: ¿Por qué?

 

-R: Porque los municipios emplean a lo mejor dos, tres, cinco o hasta siete años en aprobar su Plan Xeral con todos los filtros y todas las bendiciones, y cuando por fin lo consiguen, se lo puentean y se lo vulneran mediante un decreto. Eso es lo que molesta a los ayuntamientos, no que las viviendas sean de una mayor calidad, porque a veces se tergivesan las cosas y nos adjudican opiniones que no son nuestras.

 

 

-P: Sufren los efectos colaterales.

 

-R: Claro. Por ejemplo, que se diga en ese decreto que el control y el seguimiento del cumplimiento de estas normas que hace y decide la Xunta de Galicia a su manera se le adjudica a los ayuntamientos. Los municipios vamos a tener que reforzar los servicios técnicos con cargo a nuestros fondos presupuestarios sin una contraprestación económica, sin una compensación, por lo que el documento va a ser muy gravoso para los ayuntamientos y para el trabajo de sus funcionarios.

 

 

-P: ¿Qué pasos darán entonces los alcaldes a partir de ahora?

 

-R: Habrá muchas dificultades para asumir una competencia más, como es esa del control, pero, con todo, los ayuntamientos históricamente son disciplinados y al final lo acabaremos haciendo, a pesar de la carga económica. Después, nosotros seguimos con nuestro contencioso, intentando que se resuelva la controversia que mantenemos sobre determinados aspectos del decreto por la vía judicial.

 

 

-P: A pesar del ruido generado, supongo que la oposición a las normas procederá de municipios de todos los colores políticos.

 

-R: Sí, sí, son cosas que en la práctica no tienen nada que ver con los colores políticos, sino con el dinamismo de cada municipio. En los ayuntamientos en los que apenas se construyen nuevas viviendas, les da igual la norma. Si mañana sale una ley sobre puertos, a mí como alcalde de Ames no me repercutirá, porque el mar me queda lejos, y lo mismo pasa con las Normas do Hábitat. A veces leo cosas sobre la oposición de los alcaldes de Santiago, Vigo o A Coruña y es normal, porque son ciudades muy dinámicas con mucha construcción de viviendas, con muchos ingresos económicos procedentes de esta actuividad.

 

 

-P: En todo caso, como comentó usted antes, ¿falta en general un mayor diálogo con la Xunta?

 

-R: Eso tengo que puntualizarlo algo. Nosotros hemos sido capaces de dialogar con la Vicepresidencia de la Xunta en la Lei de Servizos Sociais y hemos llegado casi a un acuerdo, aunque hay reuniones pendientes; con la Consellería de Vivenda también hemos dialogado sobre la Lei de Vivenda, con la modificación de 29 artículos y una disposición final gracias al diálogo. No hay que decir sólo lo negativo, pero en el caso concreto de las Normas do Habitat no ha sido posible dialogar ni llegar a un consenso sobre los aspectos que nos preocupan a nivel municipal.

 

 

-P: ¿Habrá una nueva polémica por la red de galescolas?

 

-R: Ese es un tema que estamos analizando. Estamos estudiando los problemas que hay en los diferentes municipios y no hay una solución definitiva. Es verdad que algunos alcaldes y alcaldesas nos han trasladado sus inquietudes, pero queremos discernir bien si se trata de pequeños problemas de dimensión local o se trata de un problema generalizado, de algo que afecta a toda Galicia. De momento, estamos en la fase de recogida de información para después adoptar una postura en la Fegamp.

 

 

-P: Al margen del diálogo con la Xunta, ¿hay un diálogo interno fluido en el seno de la Fegamp?

 

-R: Hay un diálogo perfecto, normalmente nos reunimos los portavoces de los tres grupos políticos y tomamos las decisiones que correspondan, casi todas ellas con consenso y unanimidad. No fue así en la presentación del recurso contencioso-administrativo a las Normas do Hábitat. La Fegamp tiene una ejecutiva de 17 miembros, 15 votamos a favor y dos en contra, es un resultado democrático y no nos hemos herido unos a otros. Pero el consenso es habitual y las relaciones son correctas.

 

 

-P: ¿Le molesta que los partidos políticos utilicen la Fegamp como excusa para criticarse unos a otros?

 

-R: No comparto esa idea de que la Fegamp sirva para echarse los trastos entre un partido y otro, la Federación tiene un sentido municipalista y los acuerdos no van mirando hacia unas consellerías u otras, van hacia las actitudes. Hemos informado favorablemente a varios anteproyectos de Ley del BNG, como el de turismo que salió hace poco, donde además elogiamos el comportamiento del director xeral, Rubén Lois. No se puede dramatizar todo lo que digo, coincide que ahora mismo hay alguna discrepancia con una consellería del BNG pero no se puede generalizar. No tiene nada que ver con el color político.

 

 

-P: ¿Puede influir algo el horizonte de las elecciones autonómicas del próximo año en las críticas del BNG?

 

-R: Eso no lo sé, tendría que hablarlo con ellos. Pero desde luego yo voy a ser garante de que la Fegamp no actúe nunca con criterios electoralistas, sólo con criterios municipalistas. Lo garantizo a pies juntillas y trabajaré de una manera estricta para que así sea durante mi mandato.

 

 

-P: ¿Recibió alguna llamada de altos cargos socialistas para pedirle un cambio de actitud a la hora de expresar sus opiniones?

 

-R: No, nunca, nunca.

 

 

-P: ¿Tampoco del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño?

 

-R: No, no recibí ninguna llamada.

 

 

-P: Al margen de la actualidad de la semana, ¿cómo está afectando ya la crisis económica y de la construcción en las finanzas municipales?

 

-R: Los ayuntamientos con un movimiento urbanístico importante podemos notar la caída de los ingresos relacionados con las tasas e impuestos procedentes de las licencias de obra o de primera ocupacíón. Es previsible un importante bajón en los próximos años, aunque en los últimos días hemos tenido en general una avalancha de presentación de proyectos para pedir licencia antes de que entrasen en vigor las Normas do Hábitat. Hay personas que tenían obras aplazadas y las han retomado para solicitar los permisos antes del 17 de abril. A corto plazo, fue un revulsivo enorme que le salvará el año a algunos ayuntamientos.

 

 

-P: ¿Cómo es la relación de los municipios gallegos con las diputaciones? ¿Las considera un instrumento útil?

 

-R: Sí, hay un debate sobre si se deben mantener o no en la actual estructura del Estado, un debate del que podríamos hablar largo y tendido, pero en general tienen un papel importante y muchos de los fondos económicos que llegan a los ayuntamientos lo hacen a través de las diputaciones.

 

 

-P: ¿Cómo va la aplicación de la Ley de Dependencia?

 

-R: Es algo muy importante para el Estado de Bienestar y es fundamental una aplicación rápida de la normativa, estamos atentos a todo y confiamos en su validez para la sociedad. Como comunidad autónoma, no nos podemos quedar a la cola en su aplicación con respecto a otras zonas de España.

 

 

-P: Por último, ¿la llegada de los inmigrantes se ha convertido ya en un desafío en Galicia?

 

-R: Es una realidad social y en los ayuntamientos más dinámicos alcanzan ya un porcentaje importante en el total de la población. Los alcaldes tenemos que darle una respuesta a esta realidad, la llegada de inmigrantes es un hecho y tenemos que responder a este flujo constante con políticas efectivas.

 

 

    
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