|  | | | | | Las protestas de los vecinos de Cillarga y de PÃas hicieron que el alcalde suspendiese el Pleno. | | | |
Los votos a favor del equipo de Gobierno y del PSdeG de Ponteareas, en la sesión plenaria de este martes, permitieron la aprobación de la revisión ordinaria de los sueldos de los trabajadores referente al ejercicio 2008 y solicitada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa concesionaria del servicio de recogida de basura. Eso supondrá, según los nacionalistas, que votaron en contra, un incremento anual en torno al 10% en el contrato que tiene el Concello y FCC. El Pleno terminó suspendiéndose ante los silbidos de los vecinos que volvieron a manifestarse en contra de Ecocelta y de la canteira de Cillarga.
La viceportavoz nacionalista, Sandra Araujo, criticó la actitud del alcalde, Salvador González Solla, por haber actuado “como defensor de los intereses de la empresa ante un conflicto laboral”. Tal actuación supone, según el BNG, que FCC se ahorrará más de 100.000 euros anuales, mientras que el Gobierno municipal tendrá que desembolsar a la empresa, aparte de los 800.000 euros establecidos en el momento que se adjudicó el servicio a Fomentos de Construcciones y Contratas, “estos 100.000 euros, lo que implica un gasto de 900.000 euros por año”.
Araujo subrayó que la interventora incluso admitió que el Concello no tendrá partida presupuestaria para hacer frente al cargo de ese nuevo plus y “aunque nos alegramos por los trabajadores, que consiguieron un acuerdo digno, no podremos ser copartícipes de esta acción”.
El regidor municipal contestó a las críticas diciendo “que es fácil hacer demagogia” y alegó que el Concello “lo único que hizo” fue actuar como mediador “atendiendo las peticiones de los trabajadores”. Solla negó también que el Gobierno local defendiera los intereses de la empresa, sino la prestación de un servicio.
El PSdeG votó a favor, pero Delfín Domínguez recordó que el Ayuntamiento lleva año y medio con la nueva adjudicataria del servicio de recogida de residuos sólidos y urbanos “y sólo se le pagó un mes”. Además, espetó que consideraba “ilegal” la cláusula que imputa al Concello la revisión salarial de los trabajadores, a lo que Solla rebatió afirmando que “si fuera ilegal, habría alguna denuncia”.
Nuevo instituto
Donde no hubo acuerdo –al haber empate técnico de votos, 10 a favor y 10 en contra- fue en la propuesta de la Alcaldía de ratificar el texto definitivo, tras la modificación aprobada inicialmente por el Pleno de la corporación a finales de junio del año pasado, respecto al convenio urbanístico ‘SSURB. N-120 – Barral-Instituto’.
El portavoz socialista dejó claro que su partido votará siempre en contra mientras no haya una garantía jurídica de todo el proceso, “porque nuestra responsabilidad es que este convenio se ajuste a la legalidad”. Francisco Candeira insistió, al igual que el portavoz nacionalista, Bolívar González, que a día de hoy no tienen conocimiento de los informes de la Oficina Técnica y de Intervención. “¿Qué fiabilidad puede transmitir usted cuando una funcionaria de la Oficina Técnica se niega a dar los informes al alcalde?”, preguntó el socialista.
El concejal de Seguridad, Juan Carlos González Carrera, mencionó que el nuevo instituto es una obra “importantísima para Ponteareas” y, contestó a Candeira, ante la insistencia por los informes, “que si la Xunta inició las obras es porque está todo legal”.
Ordenanza ambulante
En la sesión plenaria de este martes también se consiguió la aprobación inicial de la nueva Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante con 14 votos a favor (PP, UCPA y PSdeG) y 5 abstenciones (BNG). Es la segunda vez que se lleva este asunto a Pleno, ya que en diciembre del año pasado se intentó hacerlo pero al final se decidió, en aquella ocasión, retirarla del orden del día al no estar consensuada con la Asociación de Comerciantes de Ponteareas. Si no se presentan alegaciones –habrá un mes de plazo- y una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), entraría en vigor en 15 días.
González Carrera criticó a los nacionalistas que, a pesar de “tener la venta ambulante tan ordenada” durante sus 11 meses de Gobierno no disminuyeron el número de puestos de venta en el mercadillo de Ponteareas. Además, destacó que muchas de las peticiones presentadas por el BNG “la ley autonómica ya la contempla”.
Sandra Araujo acusó al Partido Popular de haber permitido que se instalaran más puestos “de los que Ponteareas puede soportar” y justificó la abstención de su grupo afirmando que la nueva ordenanza que el Gobierno local pretende poner en marcha “es insuficiente para proteger al comercio local, que es el motor de la economía del municipio”. Según la nacionalista, en la ordenanza propuesta por el equipo de Gobierno no se especifican el número de puestos que tendrá el mercadillo y las zonas en las que los vendedores ambulantes podrán instalarlos.
También se acordó por unanimidad que los plenos ordinarios se celebrarán el último jueves de cada mes –hasta entonces era el martes-, debido a la incompatibilidad de cargos de la teniente alcalde, Nava Castro. | 
